La cara más cruda de la crisis actual de Honduras es el éxodo masivo de la población. Mientras el Gobierno de Guatemala exhibe sus políticas de mano dura contra la inmigración frente a Estados Unidos, familias enteras continúan intentando alcanzar el “sueño americano”, huyendo de años de inestabilidad política, social y económica agudizada desde el Golpe de Estado de 2009.
Honduras ha vivido desde mayo de 2019 inmerso en una nueva crisis después de que el Parlamento aprobase medidas que pretendían privatizar servicios de educación y salud pública en un país donde el 68 % de la población vive en situación de pobreza y millones en pobreza extrema. La población se ha lanzado a las calles y la respuesta del Gobierno ha sido la represión y la violencia extrema.
Tal como la Unión Europea ha hecho con Turquía e intenta hacer con Marruecos y Argelia, Washington exige a México y Guatemala que acepten convertirse en “terceros países seguros”: una categoría jurídica que implica que Estados Unidos pueda devolver a estos países a solicitantes de asilo que para llegar a su territorio hayan pasado por ellos. Se trata de un proceso de externalización de fronteras. El Gobierno de Guatemala ya lo ha hecho, aunque el contenido y el alcance del acuerdo firmado con Estados Unidos se mantiene en secreto.
Sin embargo, México y Guatemala están lejos de ser países seguros para sus propios nacionales ya que, junto a Honduras y El Salvador, conforman una de las zonas más peligrosas del mundo “en tiempos de paz”.
Intervienen
Fecha: Martes, 17 de septiembre de 2019, 19.00h
Lugar: Auditorio, La Casa Encendida. Ronda de Valencia 2, 28012. Madrid
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
Esta conferencia hace parte del ciclo “Mujeres contra la impunidad”.
(Ver vídeo)
Jair Bolsonaro llegó a la presidencia de Brasil abogando por la liberalización de las leyes de armas y la aplicación de tácticas represivas contra la criminalidad, por revocar las acciones afrimativas para la población negra y ofreciendo revertir la legislación que condena específicamente los asesinatos de mujeres por el hecho de serlo.
Los medios de comunicación locales y extranjeros y las redes sociales recordaron durante la campaña electoral sus frases nostálgicas sobre la dictadura que asoló Brasil entre 1964 y 1985, y sus declaraciones de admiración a personajes autoritarios de la historia latinoamericana, condenados por graves violaciones de derechos humanos, como Augusto Pinochet y Alberto Fujimori, así como su afirmación de que “los derechos humanos son un perjuicio para Brasil».
El actual Gobierno de Brasil se ha opuesto a enseñar en las escuelas sobre derechos de la población LGTBI y a desarrollar políticas públicas para combatir la homofobia y otras formas de discriminación. Los primeros meses de legislatura han estado marcados por una abierta confrontación contra la población indígena y contra las y los defensores de derechos humanos.
La amenaza contra los derechos de las mujeres es una preocupación manifiesta no solo en Brasil, sino en la comunidad internacional: la agenda conservadora se impone de la mano de un jefe de Estado criado como católico, pero convertido hace poco al credo electoralmente más rentable que existe en Brasil: el evangélico.
Luiza Carvalho (Brasil), directora regional de ONU Mujeres para las Américas y El Caribe (2014-2019). Posee un PhD en Sociología por la Universidad de Essex y una maestría en Planificación y Desarrollo Social de la London School of Economics and Political Science, ambas en Reino Unido. Es licenciada en Administración de Políticas Públicas para la Generación de Empleo por la Universidad de Campinas (Brasil) y en Planificación y Administración por la Universidad de Brasilia (Brasil).
Fue coordinadora residente de Naciones Unidas en Filipinas (2012-2014), cargo desde el cual dirigió la respuesta del sistema humanitario ante el tifón Haiyan, el más destructivo registrado a nivel global, el cual afectó a más de catorce millones de personas y provocó más de seis mil muertes. Durante su gestión en Filipinas, el Gobierno de ese país firmó el Acuerdo de Paz con el Frente Moro de Liberación Islámica tras años de intensas negociaciones, proceso en el cual promovió un involucramiento gradual del sistema de Naciones Unidas.
También fue coordinadora residente de Naciones Unidas en Costa Rica, representante adjunta del PNUD en Venezuela (2005-2008), coordinadora de la Unidad de Políticas Sectoriales (2002-2005) y oficial de Programas (1999-2001) del PNUD en Brasil.
Trabajó en el Gobierno del Distrito Federal de Brasil durante más de quince años, en la promoción del desarrollo social en las áreas suburbanas de la capital brasileña y más adelante como supervisora de programa y asesora del Departamento de Planificación de la Gobernación del Distrito Federal.
Como académica, posee experiencia como docente e investigadora en la Universidad Estatal del Norte Fluminense y en la Universidad de Brasilia. Es autora de diversas publicaciones en las áreas de género, familias con jefatura femenina y políticas sociales.
Coordina: Asociación de Mujeres de Guatemala AMG.
Fecha: Miércoles, 8 de Mayo de 2019, 19:00h
Lugar: Auditorio, La Casa Encendida. Ronda de Valencia 2, 28012. Madrid
Precio: Entrada libre hasta completar aforo.
La activista y lider maya K’iche’, Andrea Ixchíu, en su visita al Estado español, compartió recientemente una tarde de reflexión y coloquio, en Madrid, con integrantes y colaboradoras de la Asociación de Mujeres de Guatemala AMG. En este encuentro, la activista y defensora denunció el aumento de la violencia política y la criminalización de los y las defensoras del territorio y los derechos humanos en Guatemala, así como la perpetuación del racismo y la violencia del Estado guatemalteco contra la población indígena.
Este año Guatemala vive un momento electoral crucial: se eligen no solo nuevas autoridades del ejecutivo, sino también legislativas y judiciales. Ante esta coyuntura, el «pacto de las élites», como lo define Andrea Ixchíu, integrados por los poderes oligárquicos que tradicionalmente han controlado Guatemala, se está movilizando para asegurarse a toda costa el mantenimiento de sus privilegios.
Este «pacto de élites» denuncia la activista, realiza negociaciones y acuerdos con partidos políticos tradicionalistas, con actores como la cooperación internacional o entre ellos mismos, con el objetivo de seguir repartiéndose la riqueza del país, porque «nunca hemos dejado de ser vistos como una gran finca, y las acciones de la cámara de comercio, la del Agro, nos lo recuerdan todos los días; incluso la Embajada de Estados Unidos puso hace poco en su cuenta de Twitter un video de como el banano era una industria pujante para Guatemala, otro recordatorio de que seguimos siendo vistos una república bananera (…) En un escenario como este no hay posibilidad para los cambios estructurales necesarios.»
«Somos un país en donde, por ejemplo, en el pueblo de donde yo vengo, Totonicapán, se diagnosticó que toda la niñez quiché que está en primero primaria sufre de desnutrición crónica. Pensar en un país donde las niñas y niños que tienen acceso a una escuela llegan en situación de desnutrición crónica, nos hace saber del estado de abandono y violencia que viven las comunidades.»
Esta violencia tambien se manifiesta en el asesinato y la criminalización de defensores y defensoras indígenas de derechos humanos. En Guatemala, solo en 2018, 21 defensores fueron asesinados impunemente por su activismo en defensa de la tierra, la vida y el agua.
Miles son criminalizados por su activismo en defensa del territorio, de entre ellos Ixchíu destaca la figura de Bernardo Caal y Abelino Chub. Bernardo Caal en prisión desde enero del 2018, es líder de la resistencia pacífica del río Cahabón en contra de los proyectos hidroeléctricos Oxec I y II, que amenzan el agua de 29.000 indifenas q’eqchi’. Este proyecto es ejecutado por el grupo COBRA de ACS, propiedad de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Bernardo Caal se encuentra en prisión preventiva, sufriendo los retrasos continuos e injustificados de sus audiencias, sin poder presentar las pruebas de su inocencia. Esta es una táctica habitual del Estado en la que “vemos la confluencia el poder del capital extranjero de Florentino Pérez y el capital de la élite local operando juntos por el interés en la riqueza del río, con toda la institucionalidad pública funcionando a su favor, criminalizando a los liderazgos comunitarios y el trabajo en defensa de los ríos y este es un mensaje muy fuerte en contra de las comunidades y su cosmovisión.»
Abelino Chub, líder comunitario y defensor del territorio de Izabal, está siendo acusado de organización y asociación ilícita, “él está siendo tratado con una ley y un Código Penal hecho para el crimen organizado, le están diciendo que organizarse en su comunidad para defender su tierra es crimen organizado, cuando esta ley se creó para combatir estructuras de narcotráfico y trata de personas. Esta criminalización es un precedente muy malo porque significa que la organización indígena y campesina va a ser tratada como el crimen organizado por los tribunales en Guatemala.” Abelino Chub lleva en prisión preventiva más de dos años, sufriendo, al igual que Bernardo Caal, el retraso injustificado de su proceso.
«El sistema por un lado se ensaña con los compañeros y los judicaliza, pero también castiga a las mujeres: esa judicialización la vivimos, nos afecta, , nos atraviesa el cuerpo, y cuando se persigue directamente a las mujeres es en la búsqueda de la ruptura del tejido de la comunidad. Como activistas, como mujeres estamos luchando, educando y tejiendo redes y creciendo. Son muchos trabajos los que hacemos las mujeres, por eso también se tejen redes entre nosotras de sororidad y solidaridad. A mí me da mucha fuerza, recordar a mis abuelas luchando por su libertad, recuerdo sus historias y las de sus propias mamás. Saber de estas resistencias permanentes de las mujeres indígenas me da sentido y me ayuda a entender quién soy y porque hago lo que hago y cómo usar las herramientas que tengo para seguir resistiendo.»
Andrea Ixchíu concluyó recordando que «los pueblos mayas y nuestras formas de organización social, política y económica, hemos resistido siglos a pesar del Estado, pero en este momento es más complejo porque las fuentes de generación de empleo de subsistencia son cada vez menores, lo que hace aumentar los movimiento migratorios, y eso nos preocupa porque se están vaciando nuestros territorios… el costo de esta migración en el tejido comunitario y social es muy alto.
Myanmar ha negado el reconocimiento de la ciudadanía del pueblo rohinyá, sometiéndolo a condiciones de extrema vulnerabilidad, despojándolo de derechos y forzándolo a la segregación. Tanto la ONU como Facebook han identificado y reconocido que la difusión del discurso de odio a través de esta red social fue determinante para la materialización de la violencia offline contra la población rohinyá.
En agosto de 2017, el Ejército de Myanmar inició una nueva persecución y operaciones de exterminio de la población rohinyá, una minoría musulmana emplazada en el norte del estado de Rajine al que el Estado de Myanmar no reconoce ciudadanía ni libertad de movimiento. Desde entonces, según distintas organizaciones internacionales, 25.000 mujeres, hombres, niños y niñas han sido asesinados y más de 725.000 personas se han visto forzosamente desplazadas hacia el vecino Bangladesh, lo que representa más del 80% de la población rohinyá que habitaba en el norte del estado.
La persecución y exterminio de parte de la población rohinyá se logró, según Amnistía Internacional, mediante una implacable y sistemática campaña en la cual las fuerzas de seguridad de Myanmar asesinaron a miles de rohinyás, incluidas niñas y niños; violaron a cientos de mujeres y niñas; torturaron a hombres y niños en lugares de detención; llevaron a la inanición a las comunidades rohinyás quemando mercados y bloqueando el acceso a sus tierras de cultivo e incendiaron cientos de pueblos rohinyás de forma selectiva y deliberada.
La comisión de investigación de la ONU concluyó en agosto de 2018 que las operaciones del Ejército myanmaro estaban orientadas por una “intención genocida” y confirmó también la exacerbación del discurso de odio a través de las redes sociales. Por su parte, Amnistía Internacional ha denunciado que en Rajine se han cometido nueve de los 11 crímenes de lesa humanidad que figuran en el Estatuto de Roma, incluido el asesinato, la tortura, la deportación o el traslado forzoso, la violación y otros actos de violencia sexual, persecución, la desaparición forzada y otros actos inhumanos, como hacer padecer hambre a la población.
Impartido por:
Razia Sultana (Rajine, Myanmar) es abogada, investigadora y educadora rohinyá especializada en trauma, violaciones de guerra y tráfico de niñas y mujeres rohinyá. Ha trabajado en los campos de refugiados de Bangladesh, documentando las historias de mujeres y niñas desplazadas de Birmania. A partir de sus testimonios pudo publicar dos informes en los que expuso el uso masivo y sistemático de la violencia sexual durante las operaciones de persecución y ejecución perpetradas por el Ejército de Myanmar contra el pueblo rohinyá: Witness to horror. Rohingya women speak out about Myanmar Army rape and other atrocities in Maungdaw (2017) y Rape by comand. Sexual violence as a weapon against the Rohingya (2018). Es investigadora sénior de Kalandan Press, coordinadora de Free Rohingya Coalition, directora de la sección de mujeres de la Arakan Rohingya National Organization y fundadora de Rohingya Women Welfare.
Modera: Mercedes Hernández, directora de la Asociación de Mujeres de Guatemala AMG.
Fecha: Jueves, 31 de enero de 2019, 19.00 h.
Lugar: La Casa Encendida. Auditorio. Ronda de Valencia, 2, 28012. Madrid.
Precio: Gratuito. Entrada libre hasta completar el aforo.