“Brasil: la configuración de un nuevo orden conservador”, por Luiza Carvalho

 

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“¿Por qué millones de mujeres dijeron #EleNão (él no) al entonces candidato de ultraderecha a la presidencia de Brasil?”. Luiza Carvalho, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y El Caribe (2014 – 2019), reflexiona sobre las amenazas al avance de los Derechos Humanos en Brasil.

Jair Bolsonaro llegó a la presidencia de Brasil  abogando por la liberalización de las leyes de armas y la aplicación de tácticas represivas contra la criminalidad, por revocar las acciones afrimativas para la población negra y ofreciendo revertir la legislación que condena específicamente  los asesinatos de mujeres por el hecho de serlo.

Los medios de comunicación locales y extranjeros y las redes sociales recordaron durante la campaña electoral sus frases nostálgicas sobre la dictadura que asoló Brasil entre 1964 y 1985, y sus declaraciones de admiración a personajes autoritarios de la historia latinoamericana, condenados por graves violaciones de derechos humanos, como Augusto Pinochet y Alberto Fujimori, así como su afirmación de que “los derechos humanos son un perjuicio para Brasil”.

El actual Gobierno de Brasil se ha opuesto a enseñar en las escuelas sobre derechos de la población LGTBI y a desarrollar políticas públicas para combatir la homofobia y otras formas de discriminación. Los primeros meses de legislatura han estado marcados por una abierta confrontación contra la población indígena y contra las y los defensores de derechos humanos.

La amenaza contra los derechos de las mujeres es una preocupación manifiesta no solo en Brasil, sino en la comunidad internacional: la agenda conservadora se impone de la mano de un jefe de Estado criado como católico, pero convertido hace poco al credo electoralmente más rentable que existe en Brasil: el evangélico.

Luiza Carvalho (Brasil), directora regional de ONU Mujeres para las Américas y El Caribe (2014-2019). Posee un PhD en Sociología por la Universidad de Essex y una maestría en Planificación y Desarrollo Social de la London School of Economics and Political Science, ambas en Reino Unido. Es licenciada en Administración de Políticas Públicas para la Generación de Empleo por la Universidad de Campinas (Brasil) y en Planificación y Administración por la Universidad de Brasilia (Brasil).

Fue coordinadora residente de Naciones Unidas en Filipinas (2012-2014), cargo desde el cual dirigió la respuesta del sistema humanitario ante el tifón Haiyan, el más destructivo registrado a nivel global, el cual afectó a más de catorce millones de personas y provocó más de seis mil muertes. Durante su gestión en Filipinas, el Gobierno de ese país firmó el Acuerdo de Paz con el Frente Moro de Liberación Islámica tras años de intensas negociaciones, proceso en el cual promovió un involucramiento gradual del sistema de Naciones Unidas.

También fue coordinadora residente de Naciones Unidas en Costa Rica, representante adjunta del PNUD en Venezuela (2005-2008), coordinadora de la Unidad de Políticas Sectoriales (2002-2005) y oficial de Programas (1999-2001) del PNUD en Brasil.

Trabajó en el Gobierno del Distrito Federal de Brasil durante más de quince años, en la promoción del desarrollo social en las áreas suburbanas de la capital brasileña y más adelante como supervisora de programa y asesora del Departamento de Planificación de la Gobernación del Distrito Federal.

Como académica, posee experiencia como docente e investigadora en la Universidad Estatal del Norte Fluminense y en la Universidad de Brasilia. Es autora de diversas publicaciones en las áreas de género, familias con jefatura femenina y políticas sociales.

Coordina: Asociación de Mujeres de Guatemala AMG.

 

Fecha: Miércoles, 8 de Mayo de 2019, 19:00h

Lugar: Auditorio, La Casa Encendida. Ronda de Valencia 2, 28012. Madrid

Precio: Entrada libre hasta completar aforo.

Encuentro con Andrea Ixchíu: “El Estado primero nos olvida y luego nos agrede”

Por: Patricia Macías López

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La activista y lider maya K’iche’, Andrea Ixchíu, en su visita al Estado español, compartió recientemente una tarde de reflexión y coloquio, en Madrid, con integrantes y colaboradoras de la Asociación de Mujeres de Guatemala AMG. En este encuentro, la activista y defensora denunció el aumento de la violencia política y la criminalización de los y las defensoras del territorio y los derechos humanos en Guatemala, así como la perpetuación del racismo y la violencia del Estado guatemalteco contra la población indígena.

Este año Guatemala vive un momento electoral crucial: se eligen no solo nuevas autoridades del ejecutivo, sino también legislativas y judiciales. Ante esta coyuntura, el “pacto de las élites”, como lo define Andrea Ixchíu, integrados por los poderes oligárquicos que tradicionalmente han controlado Guatemala, se está movilizando para asegurarse a toda costa el mantenimiento de sus privilegios.

Este “pacto de élites” denuncia la activista, realiza negociaciones y acuerdos con partidos políticos tradicionalistas, con actores como la cooperación internacional o entre ellos mismos, con el objetivo de seguir repartiéndose la riqueza del país, porque “nunca hemos dejado de ser vistos como una gran finca, y las acciones de la cámara de comercio, la del Agro, nos lo recuerdan todos los días; incluso la Embajada de Estados Unidos puso hace poco en su cuenta de Twitter un video de como el banano era una industria pujante para Guatemala, otro recordatorio de que seguimos siendo vistos una república bananera (…) En un escenario como este no hay posibilidad para los cambios estructurales necesarios.”

“Somos un país en donde, por ejemplo, en el pueblo de donde yo vengo, Totonicapán, se diagnosticó que toda la niñez quiché que está en primero primaria sufre de desnutrición crónica. Pensar en un país donde las niñas y niños que tienen acceso a una escuela llegan en situación de desnutrición crónica, nos hace saber  del estado de abandono y violencia que viven las comunidades.”

Esta violencia tambien se manifiesta en el asesinato y la criminalización de defensores y defensoras indígenas de derechos humanos. En Guatemala, solo en 2018, 21 defensores fueron asesinados impunemente por su activismo en defensa de la tierra, la vida y el agua.

Miles son criminalizados por su activismo en defensa del territorio, de entre ellos Ixchíu destaca la figura de Bernardo Caal y Abelino Chub. Bernardo Caal en prisión desde enero del 2018, es líder de la resistencia pacífica del río Cahabón en contra de los proyectos hidroeléctricos Oxec I y II, que amenzan el agua de 29.000 indifenas q’eqchi’. Este proyecto es ejecutado por el grupo COBRA de ACS, propiedad de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid.  Bernardo Caal se encuentra en prisión preventiva, sufriendo los retrasos continuos e injustificados de sus audiencias, sin poder presentar las pruebas de su inocencia. Esta es una táctica habitual del Estado en la que “vemos la confluencia el poder del capital extranjero de Florentino Pérez y el capital de la élite local operando juntos por el interés en la riqueza del río, con toda la institucionalidad pública funcionando a su favor, criminalizando a los liderazgos comunitarios y el trabajo en defensa de los ríos y este es un mensaje  muy fuerte  en contra de las comunidades y su cosmovisión.”

Abelino Chub, líder comunitario y defensor del territorio de Izabal, está siendo acusado de organización y asociación ilícita, “él está siendo tratado con una ley y un Código Penal hecho para el crimen organizado, le están diciendo que organizarse en su comunidad para defender su tierra es crimen organizado, cuando esta ley se creó para combatir estructuras de narcotráfico y trata de personas. Esta criminalización es un precedente muy malo porque significa que la organización indígena y campesina va a ser tratada como el crimen organizado por los tribunales en Guatemala.” Abelino Chub lleva en prisión preventiva más de dos años, sufriendo, al igual que Bernardo Caal, el retraso injustificado de su proceso.

“El sistema por un lado se ensaña con los compañeros y los judicaliza, pero también castiga a las mujeres: esa judicialización la vivimos, nos afecta, , nos atraviesa el cuerpo, y cuando se persigue directamente a las mujeres es en la búsqueda de la ruptura del tejido de la comunidad. Como activistas, como mujeres estamos luchando, educando y tejiendo redes y creciendo. Son muchos trabajos los que hacemos las mujeres, por eso también se tejen redes entre nosotras de sororidad y solidaridad. A mí me da mucha fuerza, recordar a mis abuelas luchando por su libertad, recuerdo sus historias y las de sus propias mamás. Saber de estas resistencias permanentes de las mujeres indígenas me da sentido y me ayuda a entender quién soy y porque hago lo que hago y cómo usar las herramientas que tengo para seguir resistiendo.”

Andrea Ixchíu concluyó recordando que “los pueblos mayas y nuestras formas de organización social, política y económica, hemos resistido siglos a pesar del Estado, pero en este momento es más complejo porque las fuentes de generación de empleo de subsistencia son cada vez menores, lo que hace aumentar los movimiento migratorios, y eso nos preocupa porque se están vaciando nuestros territorios… el costo de esta migración en el tejido comunitario y social es muy alto.



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