Myanmar ha negado el reconocimiento de la ciudadanía del pueblo rohinyá, sometiéndolo a condiciones de extrema vulnerabilidad, despojándolo de derechos y forzándolo a la segregación. Tanto la ONU como Facebook han identificado y reconocido que la difusión del discurso de odio a través de esta red social fue determinante para la materialización de la violencia offline contra la población rohinyá.
En agosto de 2017, el Ejército de Myanmar inició una nueva persecución y operaciones de exterminio de la población rohinyá, una minoría musulmana emplazada en el norte del estado de Rajine al que el Estado de Myanmar no reconoce ciudadanía ni libertad de movimiento. Desde entonces, según distintas organizaciones internacionales, 25.000 mujeres, hombres, niños y niñas han sido asesinados y más de 725.000 personas se han visto forzosamente desplazadas hacia el vecino Bangladesh, lo que representa más del 80% de la población rohinyá que habitaba en el norte del estado.
La persecución y exterminio de parte de la población rohinyá se logró, según Amnistía Internacional, mediante una implacable y sistemática campaña en la cual las fuerzas de seguridad de Myanmar asesinaron a miles de rohinyás, incluidas niñas y niños; violaron a cientos de mujeres y niñas; torturaron a hombres y niños en lugares de detención; llevaron a la inanición a las comunidades rohinyás quemando mercados y bloqueando el acceso a sus tierras de cultivo e incendiaron cientos de pueblos rohinyás de forma selectiva y deliberada.
La comisión de investigación de la ONU concluyó en agosto de 2018 que las operaciones del Ejército myanmaro estaban orientadas por una “intención genocida” y confirmó también la exacerbación del discurso de odio a través de las redes sociales. Por su parte, Amnistía Internacional ha denunciado que en Rajine se han cometido nueve de los 11 crímenes de lesa humanidad que figuran en el Estatuto de Roma, incluido el asesinato, la tortura, la deportación o el traslado forzoso, la violación y otros actos de violencia sexual, persecución, la desaparición forzada y otros actos inhumanos, como hacer padecer hambre a la población.
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Razia Sultana (Rajine, Myanmar) es abogada, investigadora y educadora rohinyá especializada en trauma, violaciones de guerra y tráfico de niñas y mujeres rohinyá. Ha trabajado en los campos de refugiados de Bangladesh, documentando las historias de mujeres y niñas desplazadas de Birmania. A partir de sus testimonios pudo publicar dos informes en los que expuso el uso masivo y sistemático de la violencia sexual durante las operaciones de persecución y ejecución perpetradas por el Ejército de Myanmar contra el pueblo rohinyá: Witness to horror. Rohingya women speak out about Myanmar Army rape and other atrocities in Maungdaw (2017) y Rape by comand. Sexual violence as a weapon against the Rohingya (2018). Es investigadora sénior de Kalandan Press, coordinadora de Free Rohingya Coalition, directora de la sección de mujeres de la Arakan Rohingya National Organization y fundadora de Rohingya Women Welfare.
Modera: Mercedes Hernández, directora de la Asociación de Mujeres de Guatemala AMG.
Fecha: Jueves, 31 de enero de 2019, 19.00 h.
Lugar: La Casa Encendida. Auditorio. Ronda de Valencia, 2, 28012. Madrid.
Precio: Gratuito. Entrada libre hasta completar el aforo.
20 años después del genocidio de Srebrenica, los países de la antigua Yugoslavia afrontan las consecuencias económicas, sociales y culturales de las guerras y de la posguerra con rupturas –visibles y ocultas– en el concepto de “países vecinos” y en la idea de Europa, así como en la respuesta social y estatal ante el flujo de personas refugiadas, principalmente de Siria. Conferencia enmarcada en el Ciclo “Mujeres contra la impunidad”
En mayo de 2015, previo a la conmemoración del 20º aniversario del genocidio de Srebrenica –que intensificó el debate político y la oposición a considerarlo como tal–, tuvo lugar en Sarajevo el Tribunal de las Mujeres: una alternativa a la lucha contra la impunidad de los crímenes de guerra cometidos en los países de la antigua Yugoslavia y, a la vez, una interpretación feminista sobre los nuevos paradigmas de la justicia y de la seguridad humana.
El Tribunal de las Mujeres confirmó que el sistema legal, ni en el nivel nacional ni en el internacional, satisfizo las necesidades de justicia de las mujeres. Se ignoró la profundidad de los efectos diferenciales de la guerra en sus cuerpos y en sus vidas, así como las implicaciones de la pérdida de miembros de sus familias, el desplazamiento forzado y la inseguridad.
El Tribunal se constituyó en un espacio de las mujeres como sujetos de justicia, incardinado en los esfuerzos para promover un nuevo marco legal en la región, cuyo fin es garantizar el apoyo psico-social y la reparaciones para las mujeres, así como para los hombres, sobrevivientes de violencia sexual.
Mientras los países de la península balcánica están inmersos en los debates y en las consecuencias de la guerra y la posguerra, se han convertido en la principal puerta de entrada a Europa para las personas refugiadas de Siria y de otros países en conflicto.
El debate sobre el asilo como derecho humano que excede la concepción clásica de la soberanía estatal se reaviva en una región marcada por históricas fracturas étnicas y raciales, que exportó cientos de miles de refugiados hace tan solo un par de décadas.
Ponente: Rada Boric (Croacia), académica y activista feminista. Vicepresidenta del Lobby Europeo de Mujeres hasta octubre de 2014 e integrante del Comité Directivo de la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel. Fue coordinadora de programas del Centro de Mujeres Víctimas de la Guerra en Zagreb durante la(s) guerra(s) en la antigua Yugoslavia y de la Campaña Contra la Guerra en Croacia. Es experta violencia de género en conflictos armados. Es coeditora del libro La maleta: historias de refugiadas de Bosnia y Croacia (California University Press, 1997). En 2010 la revista Forbes la nominó entre las siete feministas más poderosas del mundo. En 2013 el presidente croata, Ivo Josipovic, le galardonó por su “destacada contribución a la promoción y protección de los derechos de la mujer en la República de Croacia, los países de la región y en la Unión Europea, por sus largos años de contribución a la lucha contra la violencia hacia las mujeres y por su trabajo con las víctimas de violación sexual en la guerra”.
Modera: Mercedes Hernández, directora de la Asociación de Mujeres de Guatemala AMG.
Fecha: miercoles 28 de octubre, de 19:00 a 21:00 h.
Lugar: La Casa Encendida. Auditorio. Ronda de Valencia, 2, 28012. Madrid.
Precio: Gratuito. Entrada libre hasta completar aforo.
Coordina: AMG.
Ponente: Patricia Viseur Sellers (EE.UU- Bélgica)
El concepto de genocidio, cuya tipificación prohíbe la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, revela desde sus orígenes históricos «salvaguardas de género». La interpretación moderna de este crimen atestigua, en la evolución del concepto, nuevas prohibiciones de actos sexualizados y otros relativos al género, dirigidos contra mujeres y hombres, población adulta y menores, ejecutados con la intención de cometer genocidio. La esclavitud sexual, reconocida como crimen contra la humanidad o como crimen de guerra, ha constituido un impulso a la protección de la población civil, así como de las menores soldado.
La naturaleza expansiva con que entendemos la esclavitud sexualizada, en casos tales como los matrimonios forzados perpetrados por agrupaciones como Boko Haram o ISIS, requiere de consideraciones más detenidas de este crimen a la luz del derecho internacional.
Patricia Viseur Sellers
Doctora en Jurisprudencia por la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania. Doctora honoris causa en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Licenciada en Ciencias Políticas y en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Rutgers University y por la Universidad Autónoma de México, respectivamente. Experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho penal internacional y Derecho humanitario.
En la actualidad es asesora especial de Estrategias de Procesamiento en la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional. Ocupó diversos puestos de relevancia en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (1994-2007) y en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (1994-1999), entre otros. Es también asesora legal en crímenes por motivos de género y responsable interina de la Sección de Derecho Internacional.
Ponente: Claudia Paz y Paz Bailey, Fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala (2010-2014)
Mantener viva la memoria y combatir la impunidad de los crímenes internacionales perpetrados contra la población guatemalteca durante el conflicto armado interno, es la labor que más reconocimiento internacional le ha valido a Claudia Paz y Paz. Décadas de horror fueron saldadas con un cuarto de millón de víctimas entre personas asesinadas y desaparecidas, y con más de cien mil mujeres víctimas de violencia sexual: crímenes que por su gravedad constituyen una afrenta a la comunidad internacional en su conjunto.
Sin embargo, su labor se ha centrado también en la lucha contra la impunidad de los crímenes actuales. Las cifras oficiales hablan por sí mismas de la transformación radical del modelo de la persecución del delito, implementado durante la gestión de Paz y Paz al frente del Ministerio Público, que hoy es considerado ejemplar en toda la región latinoamericana, entre otros aspectos por su eficacia en las garantías al debido proceso: reducción de la impunidad del 93% al 70% gracias a un aumento del 215% en las condenas a criminales. En el caso de los feminicidios, las condenas tuvieron un incremento de 847% entre 2011 y 2013.
La labor de Claudia Paz y Paz ha contribuido al fortalecimiento del Estado de derecho en Guatemala desde la sociedad civil, el mundo académico y el ámbito judicial, con una premisa: nadie está por encima de la ley. Y así quedó demostrado con el procesamiento de exmilitares, narcotraficantes, incluso exjefes de Estado, hasta entonces considerados intocables: tal es el paradigmático caso del procesamiento del dictador José Efráin Ríos Montt, acusado y condenado en Guatemala por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Una trayectoria que ha sido homenajeada a través de numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el Premio de Derechos Humanos otorgado por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y Premio Vital Voices al Liderazgo Global 2014, en la categoría de Liderazgo de la Vida Pública, entregado por Hillary Clinton.
Claudia Paz y Paz Bailey (Guatemala): Fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala (2010-2014); directora de la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad Rafael Landívar (2008-2010); directora ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (2002-2008); directora del Bufete Legal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (1994-1995); catedrática de la maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Carlos de Guatemala (2002-2008); litigante experta ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (1992-2010). Formó parte del equipo encargado de la documentación y redacción del Informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) y más tarde de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), que fue la comisión de la verdad y la reconciliación de Guatemala.