Abuelas de Plaza de Mayo nació con el objetivo de localizar a todos los niños víctimas de secuestro y desaparición durante la represión política de Argentina tras el golpe de Estado de 1976, restituirlos a sus legítimas familias y promover la rendición de cuentas para evitar la repetición de estos graves crímenes. A fecha de hoy han localizado a 116 nietos.
En 1976 las Fuerzas Armadas usurparon, a través de un golpe de Estado, el Gobierno constitucional de Argentina. Desde ese momento, el régimen militar autodenominado Proceso de Reorganización Nacional sumió al país en la política del terror. En poco más de siete años desaparecieron 30.000 personas y se protocolizó el secuestro de niños junto a sus progenitores, así como la apropiación de bebés nacidos en cautiverio.
La gran cantidad de secuestros de niños y de jóvenes embarazadas, las maternidades clandestinas y las confesiones de los propios militares demuestran la existencia de un plan sistemático de apropiación de menores enmarcado en el Plan Cóndor, la operación de inteligencia y coordinación entre los servicios de seguridad de las dictaduras militares del Cono Sur –Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia– y la CIA, cuyo objetivo central era eliminar a los que consideraba disidentes.
En esta 7ª sesión el ciclo “Mujeres contra la impunidad”, conoceremos el camino de las Abuelas de Plaza de Mayo, que comenzó́ como una búsqueda individual transformada en conjunta a medida que en se iban encontrando en juzgados, comisarias, ministerios y en las rondas de los jueves en la plaza.
Abuelas de Plaza de Mayo constituye un referente internacional de las luchas lideradas por mujeres, gracias a sus aportes a la aplicación de las ciencias forenses en casos de violaciones de Derechos Humanos, así como por su protagonismo en el reconocimiento internacional del genocidio en Argentina y por su invaluable impulso a la justicia universal.
Ponente: Estela Barnes de Carlotto (Argentina), presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. En 1977, su hija embarazada, Laura Estela Carlotto, fue secuestrada y desaparecida. Barnes de Carlotto buscó durante casi 36 años al nieto dado a luz en cautiverio, cuya identidad fue cambiada para arrebatarlo de su familia legítima. El 5 de agosto de 2014, su nieto fue identificado y se convirtió en el número 114 de la lista de nietos recuperados.
La labor de Estela de Carlotto ha sido reconocida con el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el premio Félix Houphouët-Boigny, otorgado por la Unesco, entre otros.
Hace más de seis décadas que la población colombiana vive un conflicto armado, cuyo saldo actual es de seis millones de víctimas. El combate a diversos grupos guerrilleros por parte de las fuerzas de seguridad –que han actuado solas o en connivencia con los paramilitares– ha marcado, con innumerables violencias, la vida de las mujeres: feminicidios, tortura y violencia sexual, desplazamiento forzado, expolio y persecución política son solo algunas de las graves violaciones de los derechos humanos que se extienden por todo el país. Crímenes que por su gravedad comprometen a la comunidad internacional en su conjunto y no solo al Estado colombiano o a las víctimas específicas.
Las mujeres permanecen en la línea de fuego de todos los actores armados. Son amenazadas, agredidas y asesinadas para demostrar la capacidad letal de los combatientes, para sembrar el terror en las comunidades y así obligarlas a abandonar su territorio, y para establecer control sobre la reproducción biológica y material del grupo. Asimismo, es frecuente la explotación de mujeres y niñas destinadas a condiciones de esclavitud sexual y laboral. En especial situación de exclusión social se encuentran las mujeres indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como las activistas y defensoras de los derechos humanos.
María Emma Wills: Asesora del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), estudiosa e investigadora del conflicto armado en Colombia y experta en el abordaje de la violencia por motivos de género. Es, además, politóloga y doctora en Filosofía. Coordinó varias investigaciones y la publicación de cuatro libros sobre mujeres y violencia sexual en el conflicto armado colombiano, entre ellos, Mujeres que hacen historia: tierra, cuerpo y política en el caribe colombiano.
Leonora Castaño: Líder campesina colombiana. Representante del Comité de Mujeres Refugiadas y Migradas de España. Fundadora y presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC), hasta su exilio hacia el Estado español en 2003. ANMUCIC es una organización de Derechos Humanos integrada por más de cien mil mujeres; su labor se ha centrado en la modificación de leyes agrarias y en el reconocimiento de los derechos de las campesinas a la titularidad de la tierra.
María Eugenia Cruz: Desplazada interna por el conflicto armado en Colombia. Desde 2004 lidera la Corporación Mujer, Sigue Mis Pasos, que ha promovido leyes y procesos sociales para la denuncia de la violencia sexual contra las mujeres. Es una de las personas elegidas para participar en las negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla, en La Habana, representando a las víctimas de violencia sexual.
Modera: Mercedes Hernández, directora de la Asociación de Mujeres de Guatemala AMG.
Coordina: Asociación de Mujeres de Guatemala AMG
Ponente: Patricia Viseur Sellers (EE.UU- Bélgica)
El concepto de genocidio, cuya tipificación prohíbe la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, revela desde sus orígenes históricos «salvaguardas de género». La interpretación moderna de este crimen atestigua, en la evolución del concepto, nuevas prohibiciones de actos sexualizados y otros relativos al género, dirigidos contra mujeres y hombres, población adulta y menores, ejecutados con la intención de cometer genocidio. La esclavitud sexual, reconocida como crimen contra la humanidad o como crimen de guerra, ha constituido un impulso a la protección de la población civil, así como de las menores soldado.
La naturaleza expansiva con que entendemos la esclavitud sexualizada, en casos tales como los matrimonios forzados perpetrados por agrupaciones como Boko Haram o ISIS, requiere de consideraciones más detenidas de este crimen a la luz del derecho internacional.
Patricia Viseur Sellers
Doctora en Jurisprudencia por la Facultad de Derecho de la Universidad de Pensilvania. Doctora honoris causa en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Licenciada en Ciencias Políticas y en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Rutgers University y por la Universidad Autónoma de México, respectivamente. Experta en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho penal internacional y Derecho humanitario.
En la actualidad es asesora especial de Estrategias de Procesamiento en la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional. Ocupó diversos puestos de relevancia en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (1994-2007) y en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (1994-1999), entre otros. Es también asesora legal en crímenes por motivos de género y responsable interina de la Sección de Derecho Internacional.
Ponente: Manjula Pradeep, líder social y activista, mujer dalit.
En el segundo país más poblado del mundo, con alrededor de 1.210 millones de habitantes, la selección prenatal, el infanticidio, los asesinatos por dote, las quemaduras con ácido, los matrimonios forzosos y la violencia sexual son solo algunas de las formas más frecuentes que adopta la violencia de género. Asimismo, la mayoría de las mujeres y niñas se enfrenta cotidianamente a discriminación y violencia por motivos de casta y religión.
Según Naciones Unidas, en India, cada hora cuatro mujeres son violadas, muere una mujer a causa de la dote, ocho niñas o mujeres son agredidas sexualmente, seis niñas o mujeres son secuestradas o raptadas. Cada día cuatro mujeres o niñas dalit son violadas.
La población de la casta dalit (intocable) está sometida a la discriminación sistemática respecto al acceso a la salud, la educación, la vivienda, el derecho a la tierra, la asistencia al templo y la libertad deambulatoria, entre otros. En India viven 100 millones de mujeres dalit, de las cuales solo el 9 por ciento sabe leer y escribir. Aunque en India hay 940 mujeres por cada 1000 hombres, la cifra se reduce a 914 en el caso de niñas dalit, quienes también están más expuestas a otras modalidades de violencia, como la trata y las ejecuciones extrajudiciales.
Manjula Pradeep, líder social y activista, mujer dalit. Directora ejecutiva de Navsarjan Trust. Magíster en Trabajo Social por la MS University de Vadodara y licenciada en Derecho por la Universidad de Gujarat. Ha sido docente en Women’s Global Leadership Institute, en Rutgers University, Estados Unidos.
En 2011, su trabajo como abogada de decenas de mujeres y niñas dalit víctimas de violencia sexual fue reconocido con el premio Women PeaceMaker, de la Escuela de Estudios para la Paz Joan B. Kroc, de la Universidad de San Diego (Estados Unidos), y bajo su dirección y liderazgo, Navsarjan Trust recibió en 2013 el premio Times of India al Impacto Social en el campo “Advocacy y Empoderamiento”.
Ponente: Claudia Paz y Paz Bailey, Fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala (2010-2014)
Mantener viva la memoria y combatir la impunidad de los crímenes internacionales perpetrados contra la población guatemalteca durante el conflicto armado interno, es la labor que más reconocimiento internacional le ha valido a Claudia Paz y Paz. Décadas de horror fueron saldadas con un cuarto de millón de víctimas entre personas asesinadas y desaparecidas, y con más de cien mil mujeres víctimas de violencia sexual: crímenes que por su gravedad constituyen una afrenta a la comunidad internacional en su conjunto.
Sin embargo, su labor se ha centrado también en la lucha contra la impunidad de los crímenes actuales. Las cifras oficiales hablan por sí mismas de la transformación radical del modelo de la persecución del delito, implementado durante la gestión de Paz y Paz al frente del Ministerio Público, que hoy es considerado ejemplar en toda la región latinoamericana, entre otros aspectos por su eficacia en las garantías al debido proceso: reducción de la impunidad del 93% al 70% gracias a un aumento del 215% en las condenas a criminales. En el caso de los feminicidios, las condenas tuvieron un incremento de 847% entre 2011 y 2013.
La labor de Claudia Paz y Paz ha contribuido al fortalecimiento del Estado de derecho en Guatemala desde la sociedad civil, el mundo académico y el ámbito judicial, con una premisa: nadie está por encima de la ley. Y así quedó demostrado con el procesamiento de exmilitares, narcotraficantes, incluso exjefes de Estado, hasta entonces considerados intocables: tal es el paradigmático caso del procesamiento del dictador José Efráin Ríos Montt, acusado y condenado en Guatemala por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
Una trayectoria que ha sido homenajeada a través de numerosos premios y reconocimientos, entre ellos el Premio de Derechos Humanos otorgado por la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y Premio Vital Voices al Liderazgo Global 2014, en la categoría de Liderazgo de la Vida Pública, entregado por Hillary Clinton.
Claudia Paz y Paz Bailey (Guatemala): Fiscal general y jefa del Ministerio Público de Guatemala (2010-2014); directora de la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad Rafael Landívar (2008-2010); directora ejecutiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (2002-2008); directora del Bufete Legal del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (1994-1995); catedrática de la maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Carlos de Guatemala (2002-2008); litigante experta ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (1992-2010). Formó parte del equipo encargado de la documentación y redacción del Informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) y más tarde de la Comisión del Esclarecimiento Histórico (CEH), que fue la comisión de la verdad y la reconciliación de Guatemala.