La Asociación de Mujeres de Guatemala AMG, con el apoyo de Oxfam Intermón y la Unión Europea, expone y denuncia en su nuevo informe ‘Sin citas no hay derechos: refugiadas contra la discriminación administrativa’ la segregación institucional que sufren las mujeres refugiadas en España ante la práctica imposibilidad de obtener una cita para solicitar asilo o para renovar la documentación como solicitantes de protección internacional, lo que genera una discriminación proscrita por el Derecho internacional de los derechos humanos.
Desde 2018, el Estado español incumple sistemáticamente con su obligación internacional de garantizar el acceso de las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos a solicitar asilo. Esta barrera en el acceso a la Administración constituye una vulneración de los derechos a la igualdad y a la no discriminación, al trabajo, a la salud, a la vivienda y a la educación, entre otros daños con un grave impacto en las vidas de mujeres a las que España, de acuerdo con sus obligaciones internacionales, debería proteger.
A través del análisis de casos reales de mujeres perseguidas en sus países de origen por diferentes motivos –tales como la violencia machista, la defensa de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la libertad de expresión y el acceso a la justicia, entre otros–, el informe señala que la práctica imposibilidad de obtener citas para solicitar asilo o renovar la documentación que acredita la condición de solicitante es tanto normativa como fáctica y que se materializa en la legalización de una desigualdad proscrita por tratados internacionales universales, por la normativa europea y por la propia legislación española.
El informe –firmado por la abogada especializada en derechos humanos y derecho antidiscriminatorio, Adilia de las Mercedes, directora de AMG y de DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos– describe demoras de hasta quince meses para solicitar una cita, al igual que la existencia de mercados clandestinos de compraventa de citas, ofertadas por un precio de 50 a 600€, ante la imposibilidad de acceder como solicitante de asilo con nacionalidad extracomunitaria al Registro Electrónico Común.
España, en la retaguardia de la protección internacional de las personas refugiadas
Tan solo después de Alemania, España es el segundo país de la Unión Europea con mayor número de solicitudes de asilo: 167.366 en 2024, según el Ministerio del Interior. A la vez, es uno de los países que menos estatutos de protección internacional concede: solo el 13 % de los casos son resueltos de forma favorable frente al 51,4 % de media europea.
El procedimiento de asilo en España, al igual que en muchos otros países, ha sido considerado primordialmente como una cuestión de seguridad que prevalece sobre el derecho subjetivo de las personas refugiadas a obtener protección internacional. Esta política de Estado origina, entre otras muchas restricciones a los derechos de las personas refugiadas, que a pesar del incremento de solicitudes, la legislación de asilo no se actualice de acuerdo con el principio pro persona que rige en el ámbito de la defensa y protección de los derechos humanos. Hace más de 15 años que la legislación española no ha sufrido cambios en beneficio de las personas refugiadas y las modificaciones que ha habido hasta la fecha solo han sido para mantener o incrementar las barreras a un acceso efectivo no solo a la Administración sino al ejercicio de un derecho humano consagrado al más alto nivel del ordenamiento internacional.
Todo lo anterior genera altas tasas de desprotección de las víctimas de graves vulneraciones de derechos humanos, que han llegado al extremo de convertirse directamente en prácticas ilegales perpetradas por agentes de la fuerza pública que han supuesto ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición y denegación del derecho a solicitar asilo de personas refugiadas que intentaban llegar a España, como sucedió en los casos conocidos como El Tarajal de 2014 y la Masacre de Melilla de 2022, entre otros.
Impacto diferenciado en las vidas de las mujeres refugiadas
“Mis tres hijos menores de edad y yo conseguimos solicitar asilo, pero después de una primera denegación tuvimos que pedirlo de nuevo y en ese paréntesis perdí el trabajo con el que mantenía a tres niños con necesidades básicas y quedó comprometida la salud de los cuatro y la educación de ellos tres. Nos regresaron a la casilla de salida. Todo esto no solo incrementó el trauma de nuestro exilio, sino que sumó experiencias muy negativas como una precariedad que antes no habíamos vivido y aumentó el racismo diario que recibimos en España.”
María Galiego Calate, mujer refugiada.
“Hay un costo que no están evaluando las sociedades que nos reciben, originado por las grandes vulnerabilidades de la condición de refugiadas solicitantes de asilo. Estás, en muchas ocasiones, en un limbo en el que tus derechos dependen de cada administración y no de lo que dicen los tratados internacionales.»
Marta María Ramírez, mujer refugiada.
A través del análisis de casos reales de mujeres perseguidas en sus países de origen por diferentes motivos –tales como la violencia machista, la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, la libertad de expresión y el acceso a la justicia, entre otros–, las mujeres entrevistadas en el informe, procedentes de países como Nicaragua, Guatemala, Cuba y El Salvador, describen cómo la imposibilidad de acceder a una cita para solicitar asilo en España vulnera también sus derechos a la protección social, económica y jurídica de la familia; a la asistencia y prestaciones de la Seguridad Social y a la participación pública.
En general, el número de solicitudes de protección internacional ha ido en aumento en los últimos diez años en el Estado español y, en concreto, son las solicitudes de mujeres las que más han crecido con respecto de las de los hombres. En 2015 el porcentaje de solicitudes realizadas por mujeres rondaba el 30 %; a partir de entonces se ha incrementado hasta el 45 %. Pero, debido a la falta de legislación orientada específicamente a la persecución por motivos de género, las refugiadas solicitantes de asilo reciben una atención deficitaria. Asimismo, la aplicación restrictiva de la normativa internacional existente permite que los estereotipos y prejuicios de género influyan en la resolución de sus casos de forma negativa, mermando la credibilidad en sus testimonios.
La imposibilidad de acceder a una cita para solicitar asilo no es un fallo técnico. Es la vulneración de un derecho humano del más alto nivel, que además se perpetra en contra de personas cuyos derechos ya han sido vulnerados o que tienen un temor fundado a ser perseguidas por sus ideas y/o activismo político, origen étnico-racial o nacional, religión, género u orientación sexual.
El informe retoma la campaña “Sin citas no hay derechos” en su título, como un pequeño homenaje a quienes han denunciado por años la discriminación y el racismo institucional contra las personas refugiadas en el Estado español.
Presentación del informe:
27 de octubre de 2025
18 h
Congreso de los Diputados, Sala Cánovas
